Hoy leyendo en El País la siguiente noticia “El Gobierno volverá a subir el copago a los dependientes”, me acordaba y mucho de las discusiones que durante los años previos a la aprobación de la Ley para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, se daban en las comisiones territoriales.
Desde Euskadi, se mantenía la postura de que, primero que se trataba de una intromisión competencial en el Estatuto y las competencias que en él se otorga a Euskadi. Y segundo que si se quería legislar sobre este asunto se hiciera una ley de Servicios Sociales que elevara a los mismos al rango de cuarto pilar del Estado de Bienestar.
Pues no. Salió el por entonces ministro Caldera en vísperas de unas elecciones generales a decir aquello de que se trataba de un sueldillo, una ayudita para las personas que cuidaban de sus familiares dependientes. ¡De vergüenza!
Aquella Ley salió coja de las dos piernas. La primera amputada por lo anteriormente dicho. Y la segunda porque la Ley carecía de viabilidad económica y plan de financiación.
Y claro, de aquellos polvos estos lodos.
Esperemos por tanto que la normativa aplicable en Euskadi, la Ley Vasca de Servicios Sociales que sí reconoce como derecho subjetivo a los servicios sociales, ayude a paliar en su desarrollo de la cartera de servicios y prestaciones este pan para hoy y hambre para mañana que suelen ofrecer otros.
Altura de miras a la hora de construir un país es lo que hemos de, no solo pedir sino exigir, a nuestra clase política.
Yo creo que la sociedad estaría dispuesta a pagar más durante toda la vida si supiera que cuando haga falta tendrá lo que le prometieron. Para eso son los compromisos sociales y los “contratos sociales” no para hacerse trampas en el solitario o para cambiar las reglas de juego a mitad del partido.
Gestionen lo que hoy hay que gestionar, pero diseñen lo que mañana gestionaran otros. A eso se llama gobernar. El resto es administrar y para eso quizás no haga falta políticos.
